Introducción

Los sistemas de integridad pública tienen por objetivo promover entre los servidores públicos decisiones en línea con el interés público. Como consecuencia, numerosas políticas de integridad buscan orientar y regir, directa o indirectamente, las decisiones y las conductas humanas. A pesar de ello, la perspectiva del comportamiento se sigue descuidando al elaborar políticas de integridad. La investigación en diversos campos científicos sobre cognición y comportamiento humano (incluyendo psicología, neurociencia, sociología y economía) ha producido hallazgos que ofrecen valiosas enseñanzas y nuevas perspectivas. Como resultado, los encargados de formular políticas de todo el mundo aplican cada vez más la información conductual a otras áreas de la política pública (Economist, The, 2017[1]); (European Commission, 2016[2]); (OECD, 2017[3]); (World Bank, 2015[4]).